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Comportamiento de las aseguradoras: daño moral y pérdida de calidad de vida

21 Mayo 2019 · Act. 6 Nov. 2026 DIS ACTIO Abogados

Cuando un accidente de tráfico deja secuelas graves, las consecuencias van mucho más allá de los daños materiales. El impacto en la calidad de vida de la víctima y de sus familiares más cercanos puede ser devastador: incapacidad para realizar actividades básicas, dependencia de terceros, ruptura de proyectos vitales, sufrimiento psicológico prolongado. Sin embargo, las aseguradoras tienden a minimizar estos perjuicios morales en sus ofertas, centrando el debate en los daños objetivables y cuantificables.

A ello se añade un factor que muchas víctimas desconocen: el baremo que rige estas indemnizaciones fue reformado en julio de 2025, y la reforma no se aplica a todos los accidentes por igual. Conviene empezar por ahí.

La reforma de 2025: qué cambia y a qué accidentes se aplica

La Ley 5/2025, de 24 de julio (BOE de 25 de julio de 2025) ha modificado el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor. No altera la estructura del sistema creado por la Ley 35/2015, pero introduce un número considerable de mejoras, recogidas del Informe Razonado de la Comisión de Seguimiento del Sistema de Valoración, que formuló cincuenta recomendaciones aprobadas por unanimidad.

Antes de nada, la regla práctica decisiva. La propia ley establece que las modificaciones del sistema de valoración «se aplicarán a los accidentes de circulación ocurridos tras la entrada en vigor de esta ley». La ley entró en vigor el 26 de julio de 2025. Por tanto:

  • Accidente ocurrido a partir del 26 de julio de 2025: se aplica el sistema reformado
  • Accidente ocurrido antes de esa fecha: se mantiene el sistema anterior, aunque la reclamación se tramite hoy

Entre las novedades con mayor repercusión práctica para las víctimas destacan las siguientes:

  • Las cuantías se actualizan con el IPC, y no con el índice de revalorización de las pensiones, lo que da mejor cumplimiento al principio valorista del sistema. Este cambio produce efectos desde el 1 de enero siguiente a la entrada en vigor de la ley
  • Un nuevo perjuicio indemnizable: el artículo 110 pasa a contemplar expresamente, junto al perjuicio moral de familiares de grandes lesionados, el perjuicio sexual del cónyuge o pareja estable
  • Mejor protección de los herederos del lesionado que fallece antes de que se fije la indemnización (art. 45)
  • Suelo del salario mínimo: a efectos de calcular el lucro cesante, el cómputo de ingresos no podrá ser en ningún caso inferior al SMI (arts. 83 y 128)
  • Libertad de elección de centro sanitario por el lesionado, con derecho a ser reembolsado por la aseguradora del importe justificado de la asistencia médicamente fundada
  • Mejoras en el lucro cesante: se incrementa el porcentaje en caso de incapacidad total para mayores de 50 años y se suprimen limitaciones que perjudicaban a quienes se dedican a las tareas del hogar, para evitar una discriminación indirecta por razón de sexo

El daño moral y la pérdida de calidad de vida como perjuicio indemnizable

El sistema reconoce expresamente los perjuicios por pérdida de calidad de vida, tanto de la propia víctima como de sus familiares más cercanos. Se trata de perjuicios de difícil cuantificación, pero no por ello menos reales ni menos indemnizables: la dificultad de la prueba no puede convertirse en pretexto para excluirlos de la indemnización.

Conviene precisar un punto que con frecuencia se expone de forma incompleta. El perjuicio moral por pérdida de calidad de vida de la víctima no admite tres grados, sino cuatro:

«El perjuicio por pérdida de calidad de vida puede ser muy grave, grave, moderado o leve.» — Art. 108.1 del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor

La distinción no es menor. El grado leve es el más frecuente en la práctica y es, precisamente, el que con mayor facilidad se diluye en las ofertas de las compañías: quien no sabe que existe esa categoría difícilmente reclamará su aplicación. Cada grado se cuantifica mediante una horquilla con un mínimo y un máximo, y los parámetros para situarse dentro de ella son la importancia y el número de actividades afectadas y la edad del lesionado.

Junto a este perjuicio personal existe el perjuicio de los familiares de grandes lesionados, que compensa la sustancial alteración que causa en sus vidas la prestación de cuidados y la atención continuada cuando el lesionado ha perdido su autonomía personal. Tras la reforma, procede también de forma excepcional en secuelas muy graves que alcancen al menos ochenta puntos y concurran los requisitos legalmente exigidos.

Cómo se calculan las indemnizaciones

Para calcular las indemnizaciones de daños corporales conforme al baremo se deben considerar múltiples factores que interactúan entre sí:

  • Edad de la víctima en el momento del accidente, que afecta tanto al perjuicio personal básico como a los perjuicios económicos
  • Intensidad del daño y sus secuelas permanentes, valoradas en puntos de secuelas con tablas específicas por tipo de lesión
  • Impacto en la actividad profesional habitual de la víctima, incluyendo la pérdida de ingresos futuros
  • Grado de dependencia generada para las actividades básicas de la vida diaria y necesidad de asistencia de tercera persona
  • Perjuicio estético derivado de las cicatrices, deformidades o alteraciones físicas visibles

En la práctica, las compañías aplican con frecuencia los criterios de corrección que les resultan más favorables, valoran a la baja el grado de las secuelas en sus propios informes y omiten partidas indemnizatorias que el sistema reconoce expresamente. Conviene recordar que los peritos médicos que examinan a la víctima por cuenta de la aseguradora son designados y retribuidos por ella: su informe es una posición de parte, no un dictamen neutral, y como tal puede y debe ser contradicho con prueba pericial propia.

Las tácticas más habituales de las aseguradoras

Reconocer las estrategias dirigidas a minorar el importe de la indemnización es el primer paso para contrarrestarlas:

  • Ofrecer cantidades a cuenta inmediatas para precipitar acuerdos antes de conocer el alcance real y definitivo de las secuelas
  • Cuestionar la relación causal entre el accidente y las lesiones, especialmente en colisiones de baja intensidad o en lesiones sin traducción radiológica evidente
  • Alegar lesiones preexistentes o patología degenerativa anterior para justificar una reducción de la indemnización
  • Valorar a la baja el grado de las secuelas en los informes médicos elaborados por cuenta de la compañía
  • Demorar el procedimiento de valoración y pago para ejercer presión económica sobre la víctima, que necesita los recursos para afrontar su tratamiento

Lo que la ley obliga a la aseguradora: oferta motivada y mora

Frente a estas prácticas, la víctima no está inerme, y conviene subrayarlo porque es lo que con más frecuencia se ignora: la aseguradora no es libre de ofrecer lo que estime oportuno ni de demorarse cuanto quiera.

La ley impone al asegurador un deber de diligencia reforzado. Recibida la reclamación, debe pronunciarse en plazo mediante oferta motivada de indemnización, si entiende acreditada la responsabilidad y cuantificado el daño, o mediante respuesta motivada si considera que no concurren. Ninguna de las dos puede ser una comunicación genérica: deben estar fundadas, detallando los conceptos y los importes.

Y sobre todo: el incumplimiento de ese deber tiene coste. El sistema prevé expresamente la mora del asegurador, con el devengo de intereses de demora de cuantía notablemente superior al interés legal. La consecuencia práctica es importante: la estrategia de dilatar el pago deja de ser gratuita y pasa a encarecer el siniestro para la compañía. Invocar la mora desde el primer momento, documentando cada reclamación y cada silencio, es una de las herramientas más eficaces de negociación.

La importancia de no aceptar la primera oferta

La primera oferta de la aseguradora rara vez refleja el valor real de los daños sufridos. Las ofertas iniciales se calculan habitualmente con criterios favorables a la compañía, en el momento en que la víctima está más vulnerable económica y emocionalmente, y antes de que se haya podido determinar con exactitud el alcance definitivo de las secuelas.

Es fundamental esperar a que las lesiones se estabilicen —es decir, obtener el alta médica definitiva— antes de negociar cualquier acuerdo indemnizatorio. Una vez firmado un finiquito, reclamar cantidades adicionales resulta muy difícil, aunque después se acredite que las secuelas eran más graves de lo valorado.

Conviene además no perder de vista los plazos: la acción para reclamar está sujeta a prescripción, y una negociación prolongada sin actos de interrupción válidos puede dejar a la víctima sin posibilidad de reclamar judicialmente. La paciencia en la negociación debe ir acompañada del control riguroso del calendario.

En DIS ACTIO Abogados acompañamos a las víctimas de accidentes de tráfico desde el primer momento: verificamos qué régimen resulta aplicable según la fecha del accidente, cuidamos que la documentación médica sea completa, que los informes periciales reflejen el alcance real de las secuelas y que la negociación con la aseguradora se realice desde una posición de solidez técnica y jurídica.

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